El Gobierno Distrital alerta sobre las graves consecuencias para la democracia, generadas con el fallo de la Procuraduría

· Con la destitución del Alcalde Mayor por una decisión administrativa se desconocen los derechos civiles y políticos


Ginebra 11 de diciembre de 2013. "La destitución e inhabilidad para ejercer sus derechos políticos durante 15 años al alcalde Mayor de Bogotá por parte de un funcionario administrativo, constituye una grave violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, un golpe a la democracia y un amenaza al proceso de paz en Colombia", afirmó hoy Jorge Rojas, el Secretario de Integración Social de la capital colombiana, ante un foro de Naciones Unidas en Ginebra Suiza.

El representante del gobierno de Bogotá dijo en su intervención, ante delegados de 87 países en la sede de la ONU que estudian mecanismos de protección para población desplazada, que "la destitución del alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro por parte del Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez es un grave atentado contra la democracia, contra los derechos políticos de Petro y de los 720 mil ciudadanos que votaron por él".

Rojas recordó que Petro es hijo de un proceso de paz que ha cumplido con abandonar la violencia y que se ha sometido a las reglas del juego de la democracia y que, "aún así, ha sido objeto de persecución, amenazas, interceptaciones ilegales como dirigente político y de un intento reiterado para evitar la realización de su programa de gobierno como alcalde de Bogotá".

Al referirse al proceso de paz en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, Rojas dijo que "el asunto no es sólo de garantías para ejercer la oposición de quienes firman un acuerdo de paz sino de garantías para quienes ejercen el gobierno desde la diferencia como ocurre hoy en Bogotá".

"La comunidad Internacional no sólo debe apoyar el proceso de paz sino también el ejercicio de la democracia" dijo el Secretario de Integración Social antes de reunirse con delegaciones diplomáticas de los países de América Latina para enterarlos de lo que ocurre hoy en Bogotá.

En su intervención, Rojas explicó que el alcalde respeta las decisiones judiciales y el control administrativo pero reclama garantías procesales y el cumplimiento de normas internacionales que protegen sus derechos. "Petro no ha sido condenado por un juez, ha sido sancionado por el Procurador que es un funcionario administrativo designado por el Congreso, lo que constituye un golpe a la democracia en Colombia", puntualizó.

"La decisión del Procurador motivó una enérgica respuesta social y popular en las calles de Bogotá, múltiples expresiones de solidaridad internacional y la solicitud de intervención de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" dijo Rojas ante el foro de la ONU convocado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).


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